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Abril 20 / 2019

Combo a la vieja usanza para repartir puestos

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FMLN, GANA y CN se repartirán esta semana el poder en diferentes instituciones cuyo funcionamiento es crucial para el país

Por Fernando de Dios

Foto: Luis Velásquez

SAN SALVADOR ­– Un combo a tres bandas será con toda seguridad aprobado el próximo jueves en la Asamblea Legislativa. Incluirá el nombramiento del nuevo fiscal general de la República, el de cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) e incluirá el reparto de la Presidencia del propio parlamento para la próxima legislatura.

Tres partidos serán los que den sus votos para esta componenda; el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y Concertación Nacional (CN).

“Seguro que la próxima semana tenemos las condiciones necesaria para elegir fiscal y magistrados. (…) La decisión está tomada, la próxima semana hay dictámenes favorables. GANA, FMLN y CN tenemos los votos necesarios. (…)Es importante que dejemos claro sin temor a decirlo que la próxima semana va a ser”, manifestó el hombre fuerte de GANA, Guillermo Gallegos, el pasado jueves en la Asamblea.

Tendrá lugar en una plenaria extendida que durará entre la mañana del martes y la tarde del jueves. Es posible que hasta última hora no se consumen estos nombramientos, pues es la última plenaria de la legislatura y los diputados tienen muchos asuntos que les interesa dejar cerrados antes de la disolución de esta Asamblea Legislativa.

La movilización de la Sociedad Civil y el descontento que puede causar en la ciudadanía no parecen importar a la hora de realizar este acuerdo, que supone un reparto de poder real en el país.

En el caso de la CSJ, la desarticulación de la Sala de lo Constitucional que durante los tres últimos años ha empujado cambios políticos largamente demandados, sobre todo en el terreno electoral, y ha demostrado ante todo una independencia de los partidos políticos nunca vista en el país, supondrá un cambio de dinámica y quizá una vuelta al pasado.

La cuestión de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, aunque parezca menor, es quizá una de las claves de todo

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Sigfrido Reyes, actual presidente de la Asamblea Legislativa

este movimiento, protagonizado por un FMLN que se escuda en que está haciendo algo que ya hizo el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en 2006.

Fuentes cercanas a la cúpula del FMLN son categóricas al explicar que estos acuerdos tienen dos bases fundamentales desde su punto de vista.

La primera es asegurar a Sigfrido Reyes, miembro de la Comisión Política del partido rojo y presidente actual de la Asamblea Legislativa, que podrá estar en ese puesto al menos un año y medio más. Personas cercanas a la cúpula aseguran una contrapartida prometida por el máximo órgano del partido por su no inclusión en la nómina de personas que se están barajando para ser candidato del Frente en las elecciones presidenciales de 2014.

Asegurar este puesto a Reyes es algo que tiene mucho que ver en este acuerdo, según dicen también otros analistas no tan cercanos al partido pero conocedores de los entresijos del arreglo.

Por tanto, el actual presidente de la Asamblea volverá a serlo durante el próximo año y medio, mientras el resto de la próxima legislatura es posible que uno de los diputados de GANA ostente la presidencia.

La segunda columna que sustenta este acuerdo tiene nombre y apellidos: Elías Antonio Saca.

El Frente y GANA no quieren que ARENA tenga un fiscal afín, pues temen que pueda abrir un expediente de investigación al ex presidente.

Cuando a finales de 2009 Saca fue expulsado del partido tricolor, su máximo dirigente, Alfredo Cristiani, dijo tener pruebas de que se habían malversado al menos 219 millones de dólares en Casa Presidencial en su periodo de gobierno.

Un fiscal podría abrir un proceso de investigación si esas pruebas realmente existen, lo que cerraría a Saca la puerta de una candidatura presidencial en 2014.

El FMLN no puede permitirse que el ex presidente no sea candidato, pues su capacidad para dividir el voto de la derecha es crucial para las posibilidades del partido de izquierda en ese proceso.

Por tanto, los analistas no dudan que el fiscal que sea nombrado esta semana será alguien cercano a GANA, aunque nadie se atreve a decir un nombre; es un “gallo tapado”, dicen algunos. Nadie cree que como se ha especulado pueda ser Guillermo Gallegos el elegido.

Lo que sí es una posibilidad cierta, según las fuentes consultadas por ContraPunto, es que el fiscal adjunto sea el candidato del FMLN a la Alcaldía de San Miguel en la pasada elección, Ricardo González.

Por su parte, CN estaría asegurando puestos de funcionarios a algunos de sus diputados que no fueron reelectos en la pasada elección. Incluso se ha hablado de que están negociando con Casa Presidencial puestos en el gobierno, algo desmentido categóricamente por el presidente Mauricio Funes.

Sin embargo, Elizardo González Lovo, uno de los diputados de CN que no han sido reelectos y empresario del transporte público de pasajeros, ha sonado estos días como uno de los que podría entrar en el Ejecutivo, en específico en el Viceministerio de Transportes.

Además, quedan puestos que asignar también en el Tribunal de Ética Gubernamental, un organismo que debía haber sido renovado meses atrás pero para el que no se ha llegado a un consenso.

La CSJ y el clásico cuoteo partidario

Cinco magistrados de la CSJ serán renovados también esta semana, en un acto que es prerrogativa constitucional de los diputados, pues está claro según juristas que no hay impedimento legal para que esta legislatura vuelva a elegir magistrados.

Son cinco puestos que también serán repartidos en este combo, tal y como han manifestado algunos diputados, por ejemplo el mismo Elizardo González Lovo. Éste aseguró que su partido tendría una elección y FMLN y GANA dos cada uno.

Por otra parte, de lo que no hay duda tampoco es que se hará una renovación de la Sala de lo Constitucional, que tan incómoda ha sido para los partidos políticos con las reformas electorales que ha empujado con sus sentencias durante estos últimos tres años.

Por otra parte, hay partidos, como el propio CN, que no perdonan que por una de esas sentencias fueran canceladas sus anteriores siglas, las del Partido de Conciliación Nacional (PCN), así como las del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Desde el FMLN se argumenta que están preocupados porque estos magistrados se han arrogado funciones que no les corresponden y han adquirido un rol de legisladores.

“La Asamblea Legislativa ha manifestado su preocupación por que la Sala de lo Constitucional esté transcendiendo

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Magistrados de la Sala de lo Constitucional

de sus funciones emitiendo resoluciones en las cuales han dejado su rol y se están convirtiendo en legisladores”, expresó la diputada del FMLN Zoila Quijada a la prensa la pasada semana.

También dijo que esta remodelación de la Sala de lo Constitucional, “no tiene que ver con pasarle factura a nadie, sino que hay una necesidad de que se aborden de manera responsables las limitaciones que cada órgano del Estado tiene”.

Quijada explicó que es seguro que, además del magistrado Néstor Castaneda, que termina su periodo de nueve años, es muy posible la remoción del actual presidente de la CSJ, Belarmino Jaime.

Y también dijo que, aunque no está decidido, es posible que haya algún otro movimiento de magistrados de ésta a otras salas. Sería bien Sidney Blanco o Bien Florentín Meléndez.

Para sustituirlos aparecen nombres concretos con muchas posibilidades. El FMLN estaría empujando la figura del juez Juan Antonio Durán para esa Sala de lo Constitucional, mientras que GANA y CN estarían de acuerdo en que el magistrado Ulices del Dios Guzmán también integrara la Sala, con posibilidades incluso de sustituir a Belarmino Jaime como presidente de la CSJ.

GANA también patrocina la candidatura de Gloria de la Paz Lizama, que sería la siguiente en la lista para entrar en la Sala de lo Constitucional si hubiera más movimientos.

La lista estaría completada por un magistrado más apoyado por el FMLN, que estaría entre dos juristas provenientes de la Universidad de El Salvador, Saúl Ernesto Morales y Ramón Iván García. Aunque ellos no están buscando apoyos, serían las primeras cartas del FMLN tras Durán.

Existe la posibilidad de que ARENA, que está criticando duramente el proceso, cediera alguna plaza o prerrogativa en la Junta Directiva o en alguna comisión de la Asamblea Legislativa para poder introducir algún magistrado de su gusto.

Si eso se diera, su primer candidato sería Ricardo Antonio Mena Guerra, un hombre de Fusades y amigo personal de Luis Mario Rodríguez. Su segunda opción sería el abogado de grandes firmas privadas Óscar Alberto López Jerez.

Este sería el plantel para los puestos de propietarios. En cuanto a los suplentes, que serían otras cinco personas, el abanico estaría abierto, aunque siempre estaría condicionado por el sistema de cuotas entre los partidos.

No obstante, en esos puestos se podrían colar nombres de personas independientes, como el del abogado constitucionalista José María Méndez o el juez José David Campos.

La ética y la aritmética

Desde hace semanas se viene hablando de este acuerdo entre FMLN, GAN y CN para renovar los puestos de elección de segundo grado. Desde entonces, muchas voces se han alzado desde la sociedad civil para denunciar la inconveniencia de esta elección, pues consideran que debería ser la Asamblea que comenzará a fungir a partir de mayo, la elegida hace un mes y medio en las urnas, la que debería tomar estas decisiones.

Ése es el espíritu de la Constitución, argumentan, al establecer mandatos de tres años tanto para los magistrados de la CSJ como para los diputados de la Asamblea; que se cumpla la ecuación una Asamblea una elección.

Pero además, la intención declarada de desmantelar la configuración actual de la Sala de lo Constitucional es puesta en tela de juicio por su presunta ilegalidad.

Según el ex presidente de la CSJ y miembro de la coalición de organizaciones de la sociedad civil Aliados por la Democracia, José Domingo Méndez, los diputados no pueden mover a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, pues son elegidos para nueve años.

“La Sala de lo Constitucional solo pueden moverse sus magistrados por causas específicas que están en la Constitución. (…) La Asamblea tiene la facultad de elegir, no de mover magistrados. Al único que pueden mover es al presidente, pero tiene que quedar como miembro de la Sala”, explicó Méndez.

La otra cuestión es que, según estas organizaciones, no se justifica que muevan a magistrados que han contribuido a que la Sala de lo Constitucional elimine una mora de casos pendientes que venía de años, en ocasiones de lustros atrás.

Ciertamente, en su último informe de labores, los magistrados de esa Sala recalcaron que en los casi tres años que llevan en sus puestos han conseguido reducir el 95 por ciento de esa mora.

La consecuencia es que hoy un proceso de inconstitucionalidad puede desarrollarse en parámetros temporales normales, bajo el criterio de la pronta y cumplida justicia, algo impensable en administraciones anteriores de la CSJ.

“No hay satisfacción de cómo se ha conducido el Órgano Judicial”, decía Zoila Quijada la pasada semana, en referencia al desempeño del presidente de la CSJ.

Se ha señalado en reiteradas ocasiones desde estos círculos políticos, incluso desde el Ejecutivo por medio del presidente Mauricio Funes, que esta administración del Órgano Judicial ha sido poco eficaz en la depuración de juzgados, es decir, en remover a jueces con señalamientos de corrupción.

Según ha dicho a la prensa el propio Belarmino Jaime y otros magistrados, como Florentín Meléndez o Sidney Blanco, las resistencias en Corte Plena a que esos casos avancen ha sido la causa de que esa otra mora no se haya podido resolver.

Uno de los magistrados más señalados por sus compañeros como el gran obstaculizador de los procesos sancionatorios es precisamente el que la aritmética podría llevar a presidir la CSJ, Ulices del Dios Guzmán.

Ello se uniría a que la FGR quedaría en manos de GANA, que ya controla en parte la Corte de Cuentas. Estaría entonces el Frente entregando al partido naranja, el partido de Saca, la llave de las dos instituciones que tienen capacidad para controlar a los organismos estatales, fuera de la propia Asamblea.

Ello también le aseguraría al FMLN el apoyo de ese partido en la próxima legislatura y el apoyo al gobierno en los dos años que le quedan de ejercicio a Funes.

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